Una empresa inglesa sin oficinas en la
Argentina, con un domicilio legal caduco y con un misterioso pasado en
Inglaterra controla la
tarjeta SUBE. Se trata de Global Infraestructure (GI), la firma británica que firmó
un contrato por $65 millones con la Secretaría de Transporte. Esta compañía
todavía no existía cuando comenzó la licitación para supervisar el boleto
electrónico.
LA NACION comprobó que la firma montó "oficinas
virtuales" en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos
Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque
su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus
manos el control de la SUBE.
GI encabezó el consorcio integrado por ex funcionarios y ex
asesores de Transporte que ganaron la sugestiva licitación para supervisar el
boleto electrónico, pese a que una reconocida consultora internacional ofreció una oferta $ 10
millones más económica. Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del
"liderazgo técnico" de la operación.
A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no
tiene sede en el país: en Tucuman 1, 4° piso -dirección señalada en su página
web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma
británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene
ningún vínculo. Ese todavía es su domicilio legal en la Argentina.
LA NACION reveló ayer que Stephen Chandler, consultor
británico y dueño de la empresa, realizó gestiones antes de la licitación en la
que obtuvo rédito: la firma inglesa, que fue creada durante el proceso, ganó el
concurso. El líder de la compañía estuvo con los funcionarios de la Secretaría
de Transporte que meses después recomendaron contratar a GI pese a que una
consultora internacional realizó una oferta $ 10 millones más económica.
También se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa del Banco
Nación que opera la SUBE y que ahora Chandler debe controlar.
El liderazgo de GI se fundamentó en el currículum de
Chandler. Según consta en su CV, este especialista de 58 años fue
vicepresidente de Electronic Data System, entidad que participó en el
desarrollo de la
tarjeta Oyster card de Londres. Chandler es "jefe de
proyecto" de la supervisión de la SUBE. Es decir, es el máximo responsable de las
operaciones.
LA NACION reveló que el consultor británico cobra 40.000
dólares mensuales; casi 2 millones de dólares por los cuatro años de contrato.
Aunque su trabajo requiere ocupación full-time, Chandler alterna su estadía
entre la Argentina y Gran Bretaña, su lugar de residencia. "Todos los
meses pasa un tiempo acá", justificó un allegado del inglés.
Durante tres semanas, este medio intentó contactarlo en las
oficinas de la supervisión de la SUBE, su lugar de trabajo en Buenos Aires,
pero aclararon que estaba en el exterior. "Chandler no tiene un lugar fijo
de trabajo", reconocieron desde el consorcio. "Pasará unos días en
Londres", informaron en su domicilio particular, en el interior de
Inglaterra.
Este medio se acercó en reiteradas ocasiones hasta el
palacete estilo francés ubicado en Rivadavia 882, pero no encontró al
"jefe de proyecto" ni a los otros dos empleados extranjeros también
contratados en dólares por la Secretaría de Transporte. Ayer, en una última
comunicación, detallaron que Chandler había regresado al país, pero se negó a
responder.
Dólares
El consultor británico no es el único contratado en dólares
por Transporte. También Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para
controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones. Como
"program assurance", Beer percibió un salario mensual de 40.000
dólares durante un año. El total de su contrato: 414.120 dólares. Bajo el
rótulo de "stakeholders management", Ashley cobró 24.000 dólares
mensuales. Su contrato final, por doce meses, asciende a 247.860 dólares.
"Global [Infraestructure] es Chandler. Acá [en
Argentina] son dos empleados: una recepcionista y un técnico. Beer y Ashley
trabajan desde Londres. Como es un trabajo técnico, directamente ni vienen para
acá", dijo una fuente que firmó documentos importantes de la licitación.
LA NACION intentó contactarse con Beer y con Ashley para consultarles
sobre las tareas específicas que desarrollan para controlar la SUBE, pero no
pudo ubicarlos ni en las oficinas del consorcio ni en los teléfonos de contacto
en el extranjero. La Secretaría de Transporte tampoco respondió las consultas
por GI y sus empleados.
La supervisión del boleto electrónico incluye un contrato en
pesos y otro en moneda extranjera. El contrato en dólares es de casi 4,5
millones de dólares. Además de los millonarios sueldos, el Estado contempla
"vuelos internacionales" y "viáticos". Se estipularon 72
viajes por un total de casi 500.000 dólares.
Misteriosa sociedad
GI todavía no existía cuando la licitación para controlar la
SUBE ya había comenzado. La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el
registro oficial de Inglaterra y Gales con un capital de 100 libras esterlinas.
El pasado de GI en Inglaterra despierta misterio. Este medio
intentó contactarse con la sede central de la compañía en 78 York Street, Londres, su
domicilio legal y su oficina. Llamó a los distintos teléfonos de contacto pero
nunca consiguió el teléfono fijo. La casa matriz de la empresa no existía.
Según pudo saber LA NACION, la firma alquiló esa dirección
del coqueto barrio de Marylebone como domicilio legal. En ese mismo lugar
funciona una firma que ofrece servicios de "oficinas virtuales".
Alquilan un "domicilio de negocios" en la capital británica por 40 libras esterlinas al
mes, indispensable para recibir correspondencia. Todos sus clientes comparten el
mismo domicilio: 78 York Street. Con esos mismos datos, GI figura en la Inspección General
de Justicia de la Argentina.
Meses después de su registro legal en Inglaterra, la firma
actualizó su dirección. Lejos de las luces de Londres, el nuevo domicilio está
situado en las afueras de Oxford, en Bicester, un pueblo que no supera los 29.000 habitantes.
iruiz@lanacion.com.ar@iruiz
[Documento
recuperado del diario La Nación, Buenos Aires, Argentina; viernes, 08/06/2012]
[Si alguien tuviera alguna duda sobre que (¡de pie,
por favor!) las Malvinas han sido, son y
serán argentinas, el documento “ut supra”
lo quitará de su duda.]
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